Al terminar este lunes un juicio de cuatro días, la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, anunció que decidirá después del verano, que termina casi después de agosto, sobre el oro venezolano que permanece confiscado en el Reino Unido tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Cockerill, de la división comercial del Superior, indicó que, debido a otros compromisos, es improbable que haya un fallo antes de octubre.
En el juicio Cockerill escuchó los argumentos del abogado Richard Lissack, de la junta presidida por Calixto Ortega a favor del Estado venezolano; y de Andrew Fulton, por parte de Guaidó, reseñó EFE.
El Gobierno venezolano ratificó la postura de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Tras escuchar los argumentos, la jueza británica debe determinar si considera aplicables las sentencias del TSJ en Inglatera que anularon los nombramientos de Guaidó a su junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV), reseñó EFE.
Si concluye que son válidas, sería el BCV el que tendría autoridad sobre las 31 toneladas del metal precioso, valoradas en 1.600 millones de euros.
Postura del Estado venezolano
El abogado que representa al BCV, Richard Lissack, afirmó que este caso es de una enorme gravedad y tendrá «reverberaciones», pues sienta precedente en el derecho británico.
Le pidió a la jueza que ejerza «cautela» al pronunciarse y no se base en las «generalizaciones» y «habladurías» presuntamente esgrimidas por Fulton sobre la situación política en Venezuela.
El abogado subrayó que este litigio no es un juicio sobre el Gobierno de Maduro sino sobre qué junta puede dar instrucciones al Banco de Inglaterra, y señaló que la de Guaidó no tiene poder real y «no responde ante nadie».
Aseveró, citado por EFE, que concederle el acceso al oro les dará campo libre «para hacer lo que quieran» con impunidad.
Sostuvo que los testigos que él ha presentado en este proceso -entre ellos el exjuez Francisco Carrasquero y el presidente del BCV, Calixto Ortega- demostraron que el TSJ y el BCV son entidades independientes del Ejecutivo.
Dijo que sus declarantes están avalados por una reconocida carrera en sus campos, mientras que los elegidos por Fulton son partidistas y no tienen siquiera la experiencia para los puestos que ocupan en la junta «ad hoc», además de que llevan años fuera de Venezuela.
Desde el año 2019 las autoridades británicas decidieron aliarse con el opositor Juan Guaidó, quien ordenó al Banco de Inglaterra que no entregara potestad sobre los bienes de la República a otra representación que no fuera la designada por él, desconociendo a la junta directiva legítima de Venezuela presidida por Calixto Ortega.
Entretanto, el banco ha manifestado que no le quedaba claro a qué autoridad debe acatar.
Fuente: Últimas Noticias
